Ante todo, estimo que, si bien los concursos de oposición constituían un método objetivo para la designación de personas juzgadoras, la reforma judicial implica una oportunidad para cambiar ciertos vicios e inercias de la judicatura federal y, al propio tiempo, un llamado para todo aquel con sentido de responsabilidad y compromiso en el servicio público. Las necesidades imperantes de nuestro país requieren de los mejores perfiles en la impartición de justicia y, sobre todo, con sensibilidad y conciencia social. Esto último, de hecho, lo podemos alcanzar o, por lo menos, acercarnos a través del proceso electivo, en concreto, a través de la interacción de los posibles candidatos con el pueblo, a fin de que la justicia no sea una impartida desde “el escritorio” y ajena a la realidad material.

Si bien la transición hacia la nueva judicatura federal conllevará demasiados retos y obstáculos, a partir de un principio de buena fe, considero que abre la posibilidad de generar una mayor empatía hacia las personas desfavorecidas, siempre que se garantice que los perfiles mejor preparados y honestos sean quienes aparezcan en las boletas y que en el proceso electivo no existan intromisiones o presiones indebidas.

Es cierto que, dentro de la justicia constitucional en las últimas épocas se han logrado varios avances en materia de derechos humanos a partir de diversas sentencias relevantes; pese a ello, es importante tener en mente que la regla general en la impartición de la justicia federal no es la solución de fondo en beneficio de las personas marginadas, sino la adopción de criterios y dogmas formalistas que no resuelven los conflictos sometidos a la potestad constitucional.

Tres de los factores que explican ese contexto es la corrupción intelectual, la simpleza en la dilucidación de las problemáticas que subyacen en los asuntos y la insensibilidad de los operadores jurídicos para ver más allá de los criterios formalistas o procesales. Desde mi perspectiva, la preparación académica y jurisdiccional no sólo es importante, sino que se erige en una obligación constante como miembro de la judicatura federal; sin embargo, esos aspectos en poco importan cuando la persona juzgadora no tiene sensibilidad al resolver, ni conciencia sobre los problemas actuales de la sociedad mexicana.

Lo anterior no significa que la formación académica o la experiencia profesional no sean relevantes dentro de la labor de impartir justicia, sino que aquellos aspectos deben estar interiorizados en la persona juzgadora en unión con el anhelo de velar por los grupos vulnerables. Considero que la justicia federal debe pugnar por la conformación de sentencias y precedentes sustentados en la racionalidad, lo que implica abandonar múltiples dogmas y formalismos que se tienen al resolver las controversias que someten los justiciables.

En la actualidad, la regla general es la concesión por vicios procesales o formales irrelevantes y, en el peor de los casos, las resoluciones de sobreseimiento, sin dejar de mencionar aquellas decisiones que omiten responder las inconformidades de los quejosos o recurrentes o aquellas cuyas premisas se establecen contra constancias. En virtud de mi experiencia como secretario de Tribunal Colegiado de Circuito adscrito a un órgano jurisdiccional auxiliar me he percatado de la imperiosa necesidad de que en todas las materias (esto es, penal, administrativa, civil y laboral), debe buscarse la solución del fondo del asunto con efectos útiles. Por eso, es que en la elaboración de proyectos de sentencia siempre he buscado proponer soluciones encaminadas a la protección de grupos vulnerables y en aras de buscar la verdad material para que, a su vez, la solución del asunto no conlleve una injusticia en la vida de las personas.

Siempre he volcado mis esfuerzos y me he preparado constantemente para abonar en la construcción de sentencias y criterios que no solo estén sólidamente justificados, sino que tengan como efecto eliminar la arbitrariedad en el actuar de las autoridades en perjuicio de personas en situación de vulnerabilidad, verbigracia, las personas que enfrentan un proceso penal mayormente en desventaja, los trabajadores y pensionados, las mujeres, los niños, niñas y adolescentes, las personas adultas mayores y, desde luego, las que se sitúan en una situación de pobreza económica.

Una de mis mayores preocupaciones estriba en que las decisiones jurisdiccionales dejen de sustentarse en criterios subjetivos, esto es, en la íntima y personal convicción del juzgador, ya que este tipo de resoluciones vacía de contenido el derecho de las personas a acceder a una justicia real y desafortunadamente ayuda a “endiosar” a los titulares, es decir, tiende a justificar la inexacta noción de que una sentencia de amparo tiene legitimidad solo por la simple circunstancia de que la firmó un juez o Magistrado federal, sin que en realidad esa resolución esté provista de buenas razones, ni dirigida a tener un efecto útil para las partes o la comunidad. Si bien, no comparto que la legitimidad de la persona juzgadora puede ser adquirida, por sí misma, a través del próximo proceso electivo, estoy convencido que la magistratura federal implica comprometerse con el pueblo mexicano, a través de la conformación de sentencias que trasformen su calidad de vida, en especial, de los más vulnerables y que resuelvan los asuntos dentro de los plazos constitucional y legalmente previstos; ello, desde luego, con miras a solucionar materialmente los conflictos.

Considero que mi experiencia profesional por más de cinco años en el ejercicio del cargo de Secretario de Tribunal adscrito a un órgano jurisdiccional auxiliar me ha permitido tener las capacidades necesarias para ser elegible para la Magistratura y, sobre todo, por la calidad, esfuerzo y entrega que he puesto en cada propuesta de solución que, de hecho, ha desembocado en el establecimiento de criterios que buscan la solución material de los conflictos, lo cual no solo ha elevado el debate jurisdiccional y académico en el país, sino en otros lugares fuera de nuestra Nación. Asimismo, estimo que tengo las credenciales necesarias para un correcto ejercicio del cargo en atención a que mi formación académica es amplia y variada, ya que mis estudios no sólo versan en razonamiento probatorio, técnicas de argumentación e interpretación, sino en materias fiscal, constitucional, mercantil, penal, entre otras.

Al margen de dicha preparación, desde muy temprana edad, he tenido el sueño de que en nuestro país exista una justicia rápida y eficaz en beneficio de las personas que normalmente son excluidas. Y hasta hoy en día, he entregado mi vida, mi salud y horas de sueño para cumplir ese objetivo no por mí, sino por esas personas vulnerables que la justicia federal ha sido un poco más que indiferente.